La entidad constitucionalista “Cataluña Suma por España“ cuyo principal objetivo es defender los derechos de la ciudadanía, ante el redactado de la ley Celáa y los acuerdos establecidos con los nacionalistas de descartar el idioma español/castellano como lengua vehicular de la enseñanza, marca su posición en el ámbito lingüístico.
La Carta Magna en su artículo 3.1 indica textualmente sobre la lengua castellana “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla“. Esto implica la obligación de los poderes públicos a facilitar tal sentencia en todo el ámbito institucional, sea el educativo, el social o el público en general.
Este marco legal nos alienta a defender los principios básicos de nuestro sistema democrático, pues todos los españoles al ser iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos individuales sea dónde sea nuestra ubicación.
En los centros educativos , en toda la rotulación e información oficial debe por ley estar presente la lengua oficial del Estado de la misma manera que ocurre en todo el ámbito europeo y en todos los países de nuestro entorno cultural.
Por lo tanto exigimos que se cumpla esta normativa y que no se mermen nuestras libertades.