En el sector de lo visual la imagen de las cosas, de las entidades o de las personas es importante. El diseño, la forma, la dimensión, el color es la primera impresión que se tiene. De ahí que hayan surgido especialistas en ese campo, profesionales en averiguar la predisposición del público al que va destinado el nuevo producto. Nosotros mismos al mirarnos al espejo buscamos un reflejo que nos satisfaga, que sea grato a los demás. Con la distancia que requiere la seriedad del tema a tratar, cabe la siguiente pregunta ¿ Tiene nuestra democracia un equipo, un organismo con tal fin ? , o seria mejor inquirir ¿ Los poderes del Estado tienen en cuenta esta premisa, preocuparse de proyectar una imagen seria y creíble?

Cada día las noticias que nos suministran los medios de comunicación son más apremiantes y el espectáculo es de vergüenza. Da la sensación de estar viendo una sesión de puchinelas: caras pintadas, vestidos de llamativo color, frases vacías, risas, golpes por todas partes en espera de quién cae primero y en frente un público sorprendido ante tal farsa y deterioro de la democracia. No es el sistema el que nos arrastra a una delicada situación, los causantes son quienes tienen que hacer un uso debido de las instituciones, quienes están obligados a velar por su funcionamiento y quienes ante una acción contraria a la legalidad deben poner medidas penales, todos esos son los que han facilitado el debilitamiento de un modelo político que debería habernos dado equilibrio, convivencia, justicia y bienestar.

La tensión se palpa, es como si estuviéramos en vísperas de un sorteo, a la espera del número premiado, para aplaudir o por el contrario suspirar en buscarlo en otra ocasión, pero lo que estamos viviendo, es una rifa chusca. Sería de carcajada abierta si no fuera que nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestro país y con él nuestro bienestar.

Corren múltiples críticas por las redes sociales ante la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando en realidad deberíamos revisar nuestro comportamiento ante la trama de fraudes que se han ido cometiendo en estos últimos años. Notorio el mutismo de empresarios, de académicos, de intelectuales, de médicos y otros muchos profesionales, eran muy contadas las ocasiones en las que alguien se atrevía a cuestionar las decisiones negativas tomadas desde el poder. Entre ellas imprescindible destacar la nefasta reforma educativa que se llevó a término al rebajarse la exigencia académica en las aulas de las escuelas y universidades. Toda medida tomada deja secuela y ésta nos ofrece después de los años unos ocupantes de las instituciones de poca consistencia.

La libertad de expresión es imprescindible en un Estado de Derecho, pero sin cobijar la mentira, el engaño bien planificado por intereses particulares y el sálvese quien pueda.

El Congreso de los diputados ha albergado falacias imperdonables. Cuando está en juego toda la ciudadanía y la buena política regida por la ética, la Cámara Baja no puede cobijar fraudes, falsedades y hasta trampas.

Y en estos instantes estamos ante un posible pacto de Gobierno de la mano de quienes se han saltado la ley, han lapidado la igualdad de derechos, y están en una carrera descarada para destruir la Nación española. En cambio las quejas las desviamos hacia derroteros alejados de los verdaderos protagonistas de los hechos, de los culpables, de los que han preferido conseguir sus fines aún cuando sea frente a la Constitución. Entre ellos están no sólo los golpistas, están todos los que conciben un poder ejecutivo pactado con condenados por uno de los delitos más graves que puede darse en democracia, el atacar al Estado desde el propio Estado.

La Comunidad europea a través de sus órganos judiciales puede haber tomado decisiones no muy favorables, pero si nuestras autoridades hubieran actuado desde hace años con rapidez y constancia frente al Nacionalismo, sin complejos de ninguna índole, no seríamos rehenes de las mentiras y tergiversaciones de los hechos por parte de los secesionistas.

Los ciudadanos hemos de salir de esta coyuntura con la lección bien aprendida. Es necesario que rija la división de poderes, sin interferencias y así si uno falla puede el otro ser el dique de contención. El ejecutivo no puede dirigir al poder judicial, éste debe actuar con la mayor independencia posible. La prevaricación ha ido calando no sólo entre los políticos sino incluso entre los jueces, lo que obliga a primar con mucha firmeza la transparencia en las tomas de decisión o pronunciamientos y con ella la seguridad de que la ley se aplica.

Ana María Torrijos