Con anterioridad a la crisis sanitaria del COVID-19, Cataluña ya venía presentando preocupantes desequilibrios macroeconómicos y una importante pérdida de nervio económico. La Comunidad de Madrid nos superaba en aportación al PIB español, crecíamos por debajo de la media nacional, recibíamos una muy pequeña parte de la inversión extranjera, éramos la comunidad autónoma con más deuda pública absoluta y per cápita y sufríamos una calificación crediticia muy cercana a lo considerado coloquialmente como “bono basura” que impedía la financiación propia. En otras palabras, la Generalitat de Catalunya no ha quebrado porque el Reino de España la ha mantenido durante los últimos años con “financiación artificial”.
Con la coronacrisis todos estos marcadores negativos van a empeorar considerablemente y, en paralelo, las cifras de desempleo y destrucción de empresas nos obligaran a tomar medidas drásticas. Cataluña debería recortar una parte importante de su ingente gasto político si quiere preservar los servicios públicos fundamentales. Podría dar más de 100 ejemplos de donde se puede sacar la podadora en la Presupuestos de la Generalitat, pero por motivos de espacio hoy sólo señalaré 5 que me parecen significativos:
1. Supresión de Agencia Tributaria de Cataluña, declarada inconstitucional por el TC, en la sentencia 128/2016, de 7 de julio de 2016. No tiene sentido que el gasto para mantener esta “estructura de estado” supere los 82 millones de euros anuales.
2. Cataluña es la CCAA con más consejerías (13) de España y en la que sus altos cargos ganan más. El Presidente y los Consejeros ganan mucho más que el Presidente del Gobierno de España y sus Ministros.
3. La Generalitat tiene 17 embajaditas repartidas por todo el mundo coordinadas por un chiringuito llamado DIPLOCAT que nos cuesta un auténtico dineral y que además ejerce unas competencias de política internacional que son exclusivas del Estado según el art. 149.1.3 de la Constitución Española.
4. TV3 y todos los altavoces de propaganda separatista nos cuestan a los catalanes 3 veces más que a los madrileños su Radio Televisión Madrid. Es un despropósito que cada año el Govern de la Generalitat destine a la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació 240 millones de euros que suelen acabar en los bolsillos de los Roures, Toni Soler, Rahola y compañía.
5. Otro ejemplo de desproporcionalidad en el gasto público es el Síndic de Greuges. Éste nos cuesta a cada catalán 90 céntimos al año, mientras que el Defensor del Pueblo sólo cuesta 30. La oficina del Síndic debería ser cerrada por cara e inútil, nos podríamos ahorrar los 6 millones anuales y destinar esos fondos a sustituir los cientos de barracones en los que 20.000 alumnos catalanes estudian cada año.
Construir una ficticia nación paralela cuesta un auténtico pastón. No es casualidad que seamos una comunidad autónoma cada vez más pobre, más machacada a impuestos y con menos empresas. Tengan ustedes claro que España no nos roba, nos roban los miles de enchufados con el lacito amarillo en la solapa.
Antonio Gallego Burgos – Economista