Desorden sanitario, caos económico, preocupación, inseguridad y de pronto surge la sorpresa, el intencionado desvío del interés de estos serios problemas hacia sucesos de nuestro pasado cercano que creíamos olvidados con el redactado de la Constitución y su aprobación posterior. Habíamos cerrado esa página dolorosa, lo transcurrido desde la II República hasta la Dictadura de Franco y en común acuerdo habíamos dejado ese legado a los depositarios legítimos, los historiadores.
Una generación deseosa de vivir en paz, de prosperar con el trabajo y ofrecer a sus hijos un mejor nivel académico, escribió una importante página en su diario personal, una apuesta íntima pero a la vez grandiosa, llena de deseos de dar lo mejor, la Reconciliación.
Pero solapado estaba el germen de la falta de valía, de ética, de honorabilidad. Saltó cuando aparecen en escena dos caballeros irrelevantes, orgullosos de ser ellos, perseverantes en sus currículos de atrapar cualquier situación que les pueda catapultar a la primera línea, pues no hubieran podido conseguir la presidencia del gobierno por méritos propios..
La simiente la plantó Zapatero y Pedro Sánchez la riega cada día desde la Moncloa.
Más de cuarenta años de democracia no han bastado para descartar como instrumento político todo lo que abre brechas en las Instituciones. Tanto la izquierda radical revanchista como el nacionalismo no ponen límites a su campaña propagandística contra la oposición. Les une el deseo imperioso de descartar España. El propósito de unos es destruir el sistema parlamentario liberal e imponer una república totalitaria, a los otros, en su nebulosa identitaria, les motiva amputar una parte de ella, Cataluña.
No se entiende que no hayan instrumentos legales para impedir esas dos rutas tan destructivas para el Estado de Derecho. Si no es así, cabe preguntarse qué han hecho los encargados de interceptar cualquier intento de dañar las instituciones y con ellas nuestra homologación con la Europa democrática.
Hace ya décadas que más de la mitad de la sociedad catalana no está amparada por la ley, no se le respetan los mismos derechos que al resto de los ciudadanos, los ve vulnerados en el momento que los distintos gobiernos asumen parte del discurso sectario de los intolerantes. Marginados a la hora de asistir a la escuela y sometidos al adoctrinamiento, donde debería primar el saber sin retoque alguno, agredidos de palabra, y tratados como foráneos por unos señores que nunca deberían haber llegado a ocupar puestos relevantes en los distintos niveles de gobierno y más aún, permitirles actuar saltándose la ley. Sus tropas subvencionadas y diseñadas para la avalancha, campean por donde quieren o cuando les interesa, sin que haya diligencia por parte de las fuerzas del orden, mandadas desde la Generalidad, de dispersar a la multitud e impedir los destrozos que ocasiona la kale borroka catalana. Alteran el ritmo deseado en calles, en centros educativos, en programas televisivos y en cualquier otro escenario que les permita dejarse ver y con ello arrastrar a la opinión pública.
Sólo faltaba para facilitar esta grave situación que se legislase con la única intención de iniciar un proceso de re-escribir la historia. La primera entrega fue la ” Ley de Memoria Histórica ” y ahora para insistir una vez más y profundizar en viejos frentes, ya olvidados con la amnistía, la ” Ley de Memoria Democrática “.
El lenguaje se ha pervertido mucho, se ha manoseado por quienes no tienen debida formación en el campo de la semántica pero encuentran en la palabra, en los eslóganes bien construidos, la fórmula mágica para arrastrar a muchos incautos. La memoria ni es democrática ni es histórica, la tenemos cada uno en particular y somos nosotros los que recordamos los acontecimientos presenciados o protagonizados. Ahí queda la memoria. El relato de la historia, ciencia de estudios del pasado, es algo muy distinto. Consiste en recoger datos, documentos oficiales, opiniones, acontecimientos,…. toda fuente veraz y ese análisis histórico debe contar con la libertad de cada individuo.
Lo que se pretende con esa legislación es impedir la versión del que discrepa.
Es lamentable que se deseche la libertad para poner trabas a la alternativa democrática.
Ana María Torrijos