Si el español (o castellano) está considerado como la lengua oficial, común y obligatoria en todo el Estado y para todos los españoles, los intentos de los separatistas de seguir obstaculizando su uso en la Comunidad Autónoma de Cataluña, no se deben consentir.
Los tratos ilegítimos que tenga el actual gobierno de España con los separatistas catalanes para mantenerse en el poder a toda costa, sufrir sus chantajes continuos y hacer que estos apoyen sus presupuestos, no deben afectar a los ciudadanos.
NO se deben poner parches a la Constitución ni a su articulado con respecto al uso del idioma común en todo el territorio nacional. Imagínense que en un estado de USA decide imponer el lenguaje cherokee o navajo en la enseñanza y las administraciones, y omitir
el inglés, pues aquí quieren hacer lo mismo.
Ya está pasando en Cataluña, en Valencia y Baleares: los padres que quieren escolarizar a sus hijos en español, tienen que sufrir una larga peregrinación por los tribunales con el curso corriendo para conseguirlo, y a veces, sin conseguir nada, o en el mejor de los casos, tarde y mal. No deben darse nuevos pasos en esa dirección; hay que corregir lo errado, no perseverar ni avanzar en seguir abriendo grietas con estas concesiones. Cuando se recurra y se gane esta canallada, ya verán como el aparato del gobierno y el separatismo echarán la culpa de todo al partido que recurra para volver a poner las cosas en orden y dentro de la ley.
Cualquier nueva concesión en este aspecto, será tomado por el separatismo con fuerza y no la soltará. No somos culpables ni tenemos que pagar los tratos infames de una mayoría artificial e interesada pactando lo que sea con quien sea.
Si el español es la lengua oficial del Estado, tal como dice la Constitución, ¿tiene sentido regular o legislar que no sea la lengua común y vehicular en alguno de los territorios de la nación?
Jesús García