Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en la degradación que está sufriendo la democracía en España, como ha reflejado el periódico “The Economist”, una imagen internacional que es muy grave para los intereses de todos los españoles.

De democracia plena, que éramos,The Economist nos califica como ” Spain is downgraded to a flawed democracy”, ” España es degradada a una democracia defectuosa”. Hace falta hacer muchas méritos para ello. Una magnífica noticia. ¡Que vergüenza!. Todo lo sucedido en Cataluña en flagrante ataque a la Carta Magna, el ataque a la independencia judicial y la división de poderes , así como la intromisión política no buscando la independencia para la renovación del CGPJ, la fragmentación del Parlamento, una letanía de escándalos de corrupción y el incremento del nacionalismo en sus ansias de lograr sus desafíos, son la esencia del informe de The Economist sobre España. Realmente está muy, muy resumido, aunque condensa asuntos capitales de nuestra realidad. Esto es lo que se va sabiendo en el extranjero por mucho que el Gobierno quiera también hechizar a los extranjeros, pero sin embargo es aún muy poco lo que saben de lo que realmente ocurre, probablemente porque no pueden creer otros muchos ataques constantes a la ley, a la Constitución y a la democracia de una gravedad delictiva e inmoral. En cuanto lo sepan porque se enteren cien veces de cada cosa, de todo lo que ocurre, y ya lo asuman, pues hasta ese momento les parecerá broma en una democracia europea, nuestra reputación y calificación caerá a la de un país bolivariano.

Sin embargo lo conocido ayer en The Economist es ya de una gravedad supina y de unas consecuencias nefastas para todos los españoles. Por no seguir en esta pésima constatación de lo que ya saben de nosotros en el mundo, repasemos lo ocurrido en solo los últimos siete u ocho días. Si se entera The Economist, no va a dar crédito…

Desde el día 4 de febrero hasta ayer día 10. El 24 de diciembre se aprueba de nuevo la obligatoriedad de la mascarilla también en el exterior. El pasado día 1 de febrero, convalida el Gobierno en el Congreso el decreto de las mascarillas, colándose también la revalorización de las pensiones con el elevado IPC de 2021, y el día 4 la Ministra del ramo anuncia que el martes día 8 el Consejo de Ministros aprobará que se levanta la prohibición de llevar las mascarillas en el exterior, poniéndose fin a la obligación.

El día 4 Bolaños dice que hay que tener palabra y decencia a UPN tras el acuerdo que rompieron después de haber negociado con ellos, para la reforma laboral.

El Parlamento Europeo pide que en Cataluña se cumpla la sentencia del 25% de español en las aulas.

La vicepresidenta Calviño crea un escudo estadístico propio para desmarcarse de los datos oficiales del INE.

El Gobierno preocupado por la investigación a los jefes terroristas, temiendo que obstaculice su política penitenciaria con los presos. Tan responsable es quien comete el atentado como el que ha dado la orden. Bildu amenaza al gobierno para que no se entorpezca el proceso y no provocar tensiones en sus apoyos al Gobierno.

Día 5, La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) no cree lo que le dice el ministerio del Interior de que no prevé ninguna modificación legislativa para que las condenas cumplidas por los etarras en Francia se descuenten de las que restan por cumplir en España .

Día 6, Sanchez impulsa una investigación de los abusos de la Iglesia liderada por el Defensor del Pueblo.

El rescate de la compañía aérea Pus Ultra por 53 millones está siendo investigado por posible malversación en un juzgado y lo estratégico del rescate parece que es más un apoyo al régimen de Maduro.

El Gobierno esquiva el control de Bruselas en todos los rescates.

El 7, el País Vasco avanza hacia el modelo catalán de inmersión lingüística. Podemos y Bildu presionan al PNV para que solo se hable en las escuelas el euskera.

El Gobierno declara secreto oficial la contaminación de los vuelos del Jefe del Ejecutivo .

La OMS pide de nuevo a China que ayude para saber el origen del Covid.

Sánchez maniata a las autonomías en la gestión de los fondos europeos.

Día 8, el Parlamento Europeo, considera los crímenes de ETA de “lesa humanidad ” . El 40% están sin resolver . Son “imprescriptibles” y “no amnistiables”.

La protesta separatista del 10 de diciembre, contra el niño de Canet de Mar fue ilegal.

Tras el Consejo de Ministros del 8 se levanta la prohibición de las mascarillas y también se aprueban 1000 millones para la agroindustria.

Carlos San Juan logra seiscientas mil firmas para que los bancos puedan atender a personas mayores y la Vicepresidenta Calviño aparece para saludarle mientras los medios entrevistan a San Juan. Casualmente todas estas cosas suceden ante las elecciones del fin de semana en Castilla y León .

Se acuerda junto a los sindicatos, sin diálogo y por decreto subida del salario mínimo sin contar con los empresarios.

El Presidente del Gobierno ya ha sido en su día el primero en ser condenado por hacer campaña desde la Moncloa.

Invitado por PSOE y Podemos en el Congreso, el profesor de la universidad autónoma de Barcelona Juan Ramón Laporta Rosselló y dice sobre las vacunas que estamos ante un experimento, que no ha funcionado frente a ómicron y que no evita la transmisión.

El marido de la Vicepresidenta Calviño, directivo de una empresa que gestiona fondos europeos para PYMES.

La presidenta de la Asamblea por una escuela Bilingüe Ana Losada, comparece ante la comisión europea para explicar todos los trucos que emplea la Generalidad para no cumplir la sentencia del 25% del español en las aulas, en medio de lo que es el incumplimiento permanente de las sentencias en Cataluña. El PSOE ha votado en contra de la petición de exigir el 25% en castellano.

Día 9, Batet se apresura a enviar al BOE la reforma laboral tras impedir el voto que la hubiera tumbado, y Podemos acelera para introducir en el próximo curso escolar la memoria democrática con la represión franquista y la lucha antifranquista .

La Generalidad no responde a como aplicará el 25% del español en las aulas, y el Parlamento vasco confirma los planes para que el euskera sea la lengua vehicular en los colegios.

Día 10, la Ministra Montero reprende en televisión a la Ministra Belarra por ir por su cuenta en el debate fiscal y no respetar la propuesta del comité de expertos.

El presidente del Gobierno utilizó a su ex delegado del Gobierno y al Jefe de Prisiones para acordar trato de favor con los presos de ETA . La Guardia Civil señala la relación entre la dirección de prisiones, el ministerio del Interior y varios miembros de ETA . En la trama el asesino Kubati era interlocutor a través de la comisión a favor de los presos y los homenajes a los terroristas y el exconsejero de Justicia y subordinado de Kubati, Joseba Azkarraga, interlocutor del ministerio de Interior.

Todo lo ocurrido solo en esta semana, y solo se recoge una parte, es de una gravedad antidemocrática que asusta y este relato de hechos seguro que no lo sabe The Economist. Habría que preguntar a The Economist que si en los paises democráticos que evalúa se da una semana como esta, anunciandoles que es así todas las semanas del año, y preguntarle también si los Jefes de Gobierno de las democracias europeas y occidentales pactan y hablan como ” colegas” todos los días con quienes se disfrazan de lo que sea sabiendo que muchos son asesinos y terroristas, con tal de obtener sus votos para continuar en el cargo, disfrazándose además de partidos que en su día y no hace mucho estuvieron abolidos tal y como en la actualidad no permitiría ni permite ninguna democracia europea. También preguntar a The Economist si hay algún Gobierno europeo que tenga que ser llamado por el Parlamento Europeo hace cuatro días para que se juzguen los crímenes de ETA de lesa humanidad y recordarle que son “imprescriptibles” y “no amnistiables”, y ese Gobierno dar la callada por respuesta para seguir contando con los votos terroristas y continuar pudiendo ser de esta manera Jefe de Gobierno. También preguntar a The Economist si este descarado compadreo constante y delictivo con terroristas y asesinos lo hace también un jefe de Gobierno en cualquier nación democrática.

Es de una vileza execrable. En efecto, es inimaginable en democracia, y The Economist, no podrá siquiera entenderlo, y quedara con los ojos como platos, pero antes que ello, es una consciente y permanente perversion demoniaca de una maldad única, que supone la sublimación de la inmoralidad y la indecencia, que descubre al responsable.

La dimisión ha de ser inmediata, ya que esto nada tiene que ver con ideologías democráticas, las que sean, tiene que ver con la mínima ética y dignidad que se ha de tener para presidir un Gobierno, sea del color que sea. España no merece esta vergüenza.

Amalio de Marichalar
Conde de Ripalda

Artículo publicado en el “Mirón de Soria”.