A la hora de valorar las instituciones de nuestro país, los españoles se pronuncian de una forma bastante regular año tras año. Ya es un clásico que la opinión acerca de ciertas instituciones, en referencia a la Iglesia o la Monarquía, se enfoque con opiniones diametralmente opuestas en función de unos prejuicios condicionados por el pensamiento e idiosincrasia de cada una de las mitades sociológicas de España.
Pero, sin duda, lo más destacable al realizar un análisis de este tipo es la recurrencia en ciertas valoraciones y simpatías. En este sentido tenemos, por un lado, la opinión contraria hacia los partidos políticos y los sindicatos, que reiteran sus suspensos de forma continuada al existir hacia ellos una creencia extendida de desconfianza y desprestigio. Mientras, por el contrario, salen agraciadas con las mejores valoraciones, además del sistema sanitario con el que estamos tan sensibilizados, tres instituciones como son el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Dicha terna concentra el cariño y respaldo de los españoles, al sentirlas como claras representantes de la profesionalidad y el orgullo que les dignifica y caracteriza. Es más que evidente la afinidad de los españoles con sus soldados, con los integrantes de La Benemérita y con la que es nuestra Policía.
Por tanto, el problema que pueda darse con algunas instituciones no viene del sentimiento de la gente o la opinión de la ciudadanía. El frentismo hacia instituciones tiene que ver con la visión corrompida y sectaria de los que toman decisiones políticas, la mayoría enmascaradas en argumentos que pretenden aparentar cierta lógica, cuando lo que verdaderamente existe es odio y rencor.
Una muestra de dicha actitud vergonzante la tenemos en el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por una alcaldesa que pretende dejar en la ruina a la que fuese, antes de la llegada del rancio comunismo al poder, un ejemplo de progreso, prosperidad y una ciudad envidiada por su impulso y proyección.
Es difícil convivir con los costes sociales y económicos que lleva parejo un gobierno municipal focalizado en la consolidación de la visión separatista, negada por un alto porcentaje de sus propios electores. No deja de sobresaltar, a los barceloneses de bien, la dinámica de tomas de decisión viciadas para el regocijo de una parte, viendo el modo con que se adoptan medidas interesadas de claro perfil anticlerical, antimonárquico, antihistoria y, especialmente, anti todo lo que tenga que ver con España y sus símbolos.
La mezcla de los intereses sectarios de unos gobernantes locales, que buscan complacer su ego dando alas a la paranoia amarilla, choca de lleno con la acción social y la actividad llevada a cabo por un grupo de veteranos que no olvidan su compromiso, sus convicciones y la lealtad a la realidad patria que nos une a todos. El batiburrillo que supone defender una posición frente a otra es la que justifica, que no nos engañen, la decisión política que lleva implícita el abandono de la Hermandad de Legionarios sita en el barrio de San Andrés de Barcelona.
Esa decisión, paquetizada dentro de la línea argumental que firma el separatismo, va contra un grupo noble de veteranos del Ejército español. Otro ejemplo que sumar a ese comportamiento rastrero de los que tienen como objetivo hacer desaparecer de la Ciudad Condal todo aquello que pueda representar a España, usando, por ejemplo, el nomenclátor de las calles como juguete para su disfrute y regocijo.
Por más que lo camuflen o justifiquen con palabrería, la realidad es que la Hermandad se ha de ir de su sede barcelonesa por ser lo que es. No tengan ninguna duda, si en lugar de honrar la bandera de España y recordar sus costumbres estando en activo en los Tercios de La Legión, se dedicaran a hacer castillos humanos y juntarse en las festividades repletas de símbolos amarillos, otro gallo les cantaría.
Estar en manos de miserables tiene sus consecuencias. Ser testigos de cómo priorizan éstos el capricho y la actitud vengativa, en contra de todo lo que no sintonice con su credo impostado, duele y no caerá en el olvido. La locomotora supremacista y sectaria no para y hoy estamos hablando del gravamen que supone la injusticia del Paseo Torras i Bages con nuestros hermanos legionarios, pero pronto tendremos otro capítulo en la Vía Layetana, en donde el interés seguirá siendo adulterar la memoria histórica al gusto y conveniencia de los que toman las decisiones, perjudicando a otro símbolo de nuestra nación, que es lo que en definitiva pretenden que desaparezca.
Nosotros siempre estaremos a favor de los símbolos de España y, por supuesto y con la prelación que merece, con el Ejército español, en este caso representado por nuestros hermanos legionarios.
Javier Megino
Presidente de Cataluña Suma por España