Estamos inmersos en una vorágine de agresiones verbales, de infamias, de zancadillas, de utilizar las instituciones para fines mercantiles, desvirtuar el sistema democrático, todo eso y más es a lo que ha llegado el noble ejercicio de la política.

No hace muchos años lo soez, las broncas malsonantes y las actitudes groseras se encontraban en sectores marginales de la sociedad, pero el abandono de lo correcto, del saber estar en cualquier circunstancia se ha ido imponiendo por diversos motivos, por dejadez de la sociedad y hasta en ocasiones de la mano de los radicales izquierdistas ha calado que los modales ajustados son propios de sectores carcas o fachas. Lamentable que se esté arrinconando un bagaje cultural de gran valor, atesorado a lo largo del transcurrir del tiempo. Ahora bien, lo más irreparable es que los representantes de la ciudadanía no se queden ahí sino que atraviesen el límite de la honestidad y argumenten sus propuestas con el insulto más infame al opositor y también lo dirijan contra toda persona que no apueste por sus consignas.

La carrera de arrasar como caballo de Atila, se ha abierto a otros procedimientos que hacen dejación de lo encomendado a través del voto, consistente en representarnos y facilitar la gobernabilidad con un fin expreso, el velar por el bienestar de los ciudadanos y preservar el legado de libertades. Libertad menoscabada en la enseñanza, en los espacios públicos, en los medios audiovisuales dependientes del erario del contribuyente, pero lo más grave es que sin debate parlamentario se estén reformando leyes que inmunizaban al Estado de un golpe totalitario.

Ha salido del horno involucionista alterar la legislación que definía y reprobaba las maneras violentas utilizadas por algunos sindicalistas para atemorizar a los trabajadores no dispuestos a acatar las consignas de huelga. La huelga es un derecho que tiene el trabajador para defender sus reivindicaciones, y cuando son incumplidas, éstos pueden según el marcó legal buscar caminos que permitan reclamar lo que por justicia merecen. Ahora, si entra en vigor esta nueva reforma, las organizaciones profesionales, los sindicatos, que en España no todos son independientes de los partidos políticos, podrán intimidar al trabajador y no habrán medidas sancionadoras para los piquetes que se extralimiten, tendrán el camino expedito para reconducir la voluntad de los asalariados.

Las libertades empiezan en el transcurrir de cada día, en espacios limitados y es ahí donde debemos iniciar su defensa para conseguir que sea al final una pauta de todos, un asentimiento colectivo. Por eso es importante la ley bien redactada, aprobada después de un amplio debate, aplicarla y al menor resquicio de incumplimiento actuar. Incumplimiento que no puede ser permitido a nadie, ni a los ciudadanos ni a los servidores públicos y sobre todo a las instituciones. Esta máxima no se ajusta cuando los que ostentan los puestos de gobierno en las distintas escalas de poder son nacionalistas. En Cataluña es habitual que se ignoren todos los principios constitucionales, sean la ley de banderas, los derechos individuales, las sentencias de los tribunales, el respeto a los presupuestos y su destino: fines sociales, educación, sanidad sin privilegios sectarios; desvíos constantes se producen y van destinados a campañas desestabilizadoras de la Nación, a muchas subvenciones de las que poco sabemos por la opacidad en torno a ellas. El ritmo social está siendo alterado por la violencia callejera, y en gran medida por las impropias manifestaciones de los líderes políticos que en ocasiones las alientan.

Nadie pone coto a los asaltos continuos a la ley, nadie obliga a dimitir a quien desde un cargo público emite frases contrarias a principios básicos del Estado de Derecho. Hay leyes, hay un poder judicial y hay un ejecutivo, pero nadie intenta impedir la afrenta a todo lo que representa la paz social. La ciudadanía, los sectores que cumplen con sus obligaciones, que cuidan a su familia, que con esfuerzo se ajustan a su trabajo, que pagan sus impuestos y que emiten su voto cuando son requeridos, se sienten abandonados y nadie los defiende. Un silencio oficial frente a la algarabía que montan, cada uno en su escenario, los radicales, los populistas, los secesionistas, los delincuentes de distinto pelaje y hasta antisistema extranjeros.

Demasiados miles de millones de euros sin control, a disposición de entidades contrarias a los principios democráticos, a comprar voluntades, a engrosar las cuentas corrientes de algunos y las últimas noticias hacen suponer que ciertas partidas han ido destinadas a organizaciones terroristas. El dinero que los ciudadanos aportan es dinero público y debe estar sujeto al control que marque la ley. La falta de transparencia lo inunda todo y la mentira es lo habitual, no podemos tolerarlo como tampoco tener que oír proyectos anticonstitucionales en el Parlamento y en las Cámaras autonómicas. El debate de investidura del señor Pere Aragonès en Cataluña avergüenza a cualquier mente pensante y es un ejemplo de lo que es el asalto a la legalidad.

Ana María Torrijos