Muchos son los problemas que se acumulan en la agenda diaria, detallarlos nos llevaría un tiempo pero hay uno que es obligado tenerlo presente y comentarlo con cierta frecuencia por si al hacerlo somos capaces de darle la importancia que tiene. Se está desvaneciendo el marco institucional delante de nuestros ojos y no ponemos los medios para interrumpir ese fatídico proceso.
Desde el siglo pasado el nacionalismo, imperante en sectores de la burguesía vasca y catalana, ha ido tejiendo un entramado identitario cargado de falsos relatos, adornado de idílicos escenarios que han ido calando en algunos ciudadanos, siempre con el puntal del poder autonómico que han ostentado durante años y con los medios informativos asentados en la comunidad correspondiente y regados con prebendas monetarias. Con estas tramas, podemos llamarlas mafiosas, y el apoyo de partidos nada defensores del redactado constitucional, encuadrado en un sistema de valoración del voto no igualitario que pone al partido ganador en precaria capacidad de gobernar y abocado a buscar el voto de esos magos de Naciones, propios de un cuento infantil, con el peaje correspondiente a pagar que socaba el poder del Estado y difumina la esencia de España, con todo ello y la llegada de un presidente de gobierno falto de valores éticos y de la responsabilidad que conlleva el cargo, estamos en un presente y futuro muy incierto.
Cataluña se ha convertido en un territorio al margen de la ley pues sus más altos cargos no protegen los derechos de todos los ciudadanos, se niegan a cumplir las sentencias de los tribunales cuando estos no les dan la razón, también están ausentes en la mayoría de la reuniones oficiales de la Administración del Estado, anuncian que las graves acciones perpetradas por ellos contra el orden institucional las volverán a realizar y todo con el dinero sacado del erario público. Pero esto no daña únicamente a Cataluña, rebasa sus límites territoriales, recae de lleno en cada uno de los ciudadanos españoles al eliminar sus derechos individuales, primero de vivir y sentir suyo cualquier rincón de su país y luego con la implantación de la inmersión lingüística en catalán, despojarles de la lengua oficial de todo el Estado y en la mayoría de los casos de su lengua materna, el idioma español. Todo sin la consulta a los verdaderos soberanos, los españoles en su conjunto.
Ahora ha sobrevenido el desarrollo y publicación del programa del equipo de gobierno, orquestado en la mayoría de los casos por el falto de sensibilidad ante la formación académica y los valores morales, el señor Pedro Sánchez.
Se ha publicado el proyecto educativo, un desastre y decadencia de la inteligencia. El derecho que todos tenemos a una formación de calidad se ha desvanecido, “chorradas” es lo que inunda ese redactado, diseño de una juventud de hormiguitas, uno detrás de otro en fila, para venerar al Sánchez de turno y perder el recuerdo de nuestro transcurrir glorioso por la Historia. Todo lo ganado durante años en potenciar los saberes y la solidaridad se ha dinamitado por una decisión ideológica trasnochada y destructora de la libertad.
Si al panorama indicado ya de por sí muy grave, sumamos el calificativo dado por el diario SPORT de colonia española a los que vivimos en Cataluña, nacidos en ella o no, defensores de la españolidad de esta tierra, sólo resta obligar a la dimisión a los que tienen el afán de transformar la monarquía parlamentaria en una política autoritaria y sectaria. La osadía de quienes han caído al servicio del vil metal nos adelanta lo que puede suceder si no se pone coto al atropello más grave sobre la persona, privarla del derecho a opositar en la administración, a ir a la iglesia, a escuchar medios de comunicación oficiales, a escolarizarse, a recibir información, a escuchar los consejos del médico de la sanidad pública, a dejarse guiar por la rotulación, a ser usuario del metro, autobús o tranvía………..con el idioma Español, por no cumplirse la ley tanto del Estatuto como de la Constitución. Y desde el Ejecutivo no hay intención de obligar a la Generalidad a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impartir un 25% de materias como mínimo en castellano.
Solucionar el problema no debería ser difícil, bastaría primero respetar la ley y posteriormente el Estado asumir las competencias educativas, las comunidades autónomas administrar su desarrollo y los centros educativos aplicar el proceso pedagógico que deseen. Habría cohesión sin ahogar la libertad de los padres a elegir el centro que fuera de su agrado.
Ana María Torrijos