Siempre es bueno y necesario echar la vista atrás, reflexionar sobre lo que se vivió en momentos pasados para poder apreciar con más equilibrio emocional todo lo ocurrido.

Cerrar los ojos y zambullirse en los recuerdos aproxima el eco del ¡Basta Ya!, grito desbocado, salido de las gargantas de muchos ciudadanos, horrorizados por los continuos asesinatos cometidos por seres irracionales que buscaban imponer su modelo social por medio de la extorsión y de la muerte de los que no estaban por la causa. Cayeron víctimas de la barbarie niños, adultos, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios……todo lo que pudiera tener tintes de españolidad.
La situación actual dista mucho de aquel escenario pero la experiencia atesorada y alejado el camino de la muerte, nos permite valorar el funcionamiento del Estado Derecho y las consecuencias si se deteriora. Todo acto, palabra o propuesta que obstaculice la función de cada una de sus partes, es un grave delito contra la convivencia al amparo de la ley.

El nacionalismo con tintes secesionistas es opuesto a todo lo que permite a los ciudadanos ser conscientes de sus decisiones y de sus sentimientos de pertenencia. El redactado de la Constitución con la presión del momento histórico, fue adaptado en alguno de sus puntos a las élites clasistas, doctrinarias y es por donde empezó el plan desintegrador de la Nación. Al no saber o no poder descartar por los apellidos, por el lugar de nacimiento, por gustos culinarios ni folclóricos a los ciudadanos, sin su toque divino, llegados de otras partes de España por el desarrollo industrial, empezaron a crear barreras lingüísticas que se agravaron al cederles las competencias educativas y el control informativo. Las ventajas añadidas de la ley electoral les ha convertido en una fuerza necesaria para gobernar, lo que les ha lanzado al estrellato y con él se han superado los límites que marca el sistema parlamentario liberal, propiciado este deterioro por un presidente, el señor Sánchez, falto de principios y de ética hacia su país, hacía sus conciudadanos y sobre todo hacia la honestidad personal si es que en algún momento la ha tenido.

A expensas de los partidos menos avaladores de las libertades, el Ejecutivo ha facilitado el no cumplimiento de la Constitución y de las sentencias judiciales que señalaban delito al atropello de los derechos individuales y la consecuencia ha sido arrinconar a la mayoría de la población a la que dice, será con ironía, representar. Supeditado el Presidente a sus personales decisiones y ante los apremios de sus socios de gobierno, el Código Penal también recogerá la nueva denominación del delito de sedición, la de “desordenes públicos agravados”, de ahí la reducción de la pena de prisión y de inhabilitación especial para cargo público y luego se hará visible la posibilidad de seguir el mismo trámite con el delito de malversación. “Cataluña está infinitamente mejor que la de 2017” es la afirmación que se ha dado de pasada para justificar la claudicación ante los identificados por si mismos como anti-españoles.

Un Ejecutivo con acciones tan contrarias a lo establecido en la esencia de un modelo político con división de poderes y con el respeto sin paliativos a la ley ajustada a los procedimientos marcados, no tiene derecho a mentir, a buscar refugio en frases vacías, en ataques a la oposición y en allanar el camino a los secesionistas.

Una ciudadanía a los pies de los caballos, una Cataluña que en 2017 sufrió por decisión del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma un terremoto institucional y social, inapropiado en una sociedad democrática, nos permite valorar lo ocurrido. Desde las imágenes de rebeldía en la Cámara legislativa hasta los últimos escollos en la vía pública, muchos fueron los actos opuestos a la democracia por ser todos propiciados por los que se revelaban contra España. Hubieron ataques a los coches de las fuerzas del orden, calles cerradas al tránsito, las universidades asaltadas, adoquines levantados, contenedores incendiados, trenes obstaculizados, pasacalles nocturnos con teas, banderas quemadas, gritos, insultos, un pseudo referéndum y una constante afirmación posterior de volverlo hacer. Si esto no era un acto de sedición, ¿qué debería haber ocurrido para ser catalogado como tal? y todo con el apoyo mediático de las asociaciones catalanistas, de las pseudo-embajadas esparcidas por los países de mayor prestigio para expandir los derechos de independencia, entramado mediático subvencionado con dinero de todos..
Si con este necesario repaso pausado del comportamiento de los protagonistas no se toman medidas por parte de quien debe hacerlo y los ciudadanos no muestran su disconformidad, podría perderse lo que ha costado conseguir, la apuesta por la democracia.

Ana María Torrijos