Una democracia adulterada es la antítesis de su proyecto original, demagogias radicales para justificar la destrucción de los valores que sustentan el funcionamiento del sistema parlamentario liberal.

El deterioro es pautado pero constante, descalificar en avalancha a todo el que se posiciona frente a las propuestas del poder y acaparar en exclusiva la solidaridad y la honradez es el bastón de apoyo para el camino directo a la involución. La oposición es imprescindible en el debate parlamentario y sobre todo la transparencia en la información tanto en el Congreso como en las ruedas de prensa y en los discursos presidenciales. Los sectarismos ideológicos nunca pueden ser un instrumento que fortalezca y dé equilibrio al funcionamiento de un gobierno.

Esta actual legislatura carece de los fundamentos básicos para ofrecer a la sociedad una estabilidad que proyecte un futuro mejorable. La Constitución para ella es un acordeón que se estira y afloja cuando interesa para sortear todos los delitos en los que están implicados los partidos contrarios a lo que avala su redactado.

En democracia se aspira a una acción transparente que llegue a los ciudadanos a través de los medios informativos, transmisores leales y ajustados a la realidad, pero para que así se plasme es imprescindible contar con una independencia total del poder constituido en los órganos institucionales.

La ciudadanía ha dado síntomas de su malestar el sábado 21 en Madrid y el domingo 22 en Barcelona, de su gran preocupación ante la inestabilidad existente. Unas concentraciones en las que se pedía el respeto a la Constitución, a la unidad de la nación, a la libertad y replicadas por el presidente y algunos ministros de una forma injuriosa, cuando por el cargo que representan deben respeto a la parte de la sociedad de variado signo político que clamó por el Estado de Derecho y se quejó de la deriva que va tomando el modelo democrático.

Se llega al poder para respetar el sistema establecido en el marco de la ley y para tomar decisiones que mejoren la situación de la ciudadanía en todos los ámbitos, gobernar en beneficio de todos, los que te han aupado y los que han apoyado otras opciones. La Carta Magna la refrendaron todos los ciudadanos y es la que rige el modelo institucional, ellos son la soberanía y los políticos los delegados. Cualquier cambio en el modelo debe ser consultado o regido por las pautas que marca la ley, nadie ni el presidente por su cuenta puede abrir atajos que no se sujeten a la legalidad.

Es inmoral hacer un trato diferencial entre los políticos y el resto de los ciudadanos en cuanto a los delitos cometidos y al trato que se les puede aplicar. Todos “ Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna……..” dice la Constitución y ahora sin consulta previa ni debate se cambian las leyes para que políticos afines o de apoyo gubernamental salgan bien librados ante los atropellos que realizaron y algunos muy graves por atentar contra el propio Estado, contra el orden establecido.

El modelo carcelario que hay en España cumple con todos los requisitos en relación al respeto a las personas y así son tratados, no cabe el rango social ni el ideológico ni el económico para recibir un trato diferente, sería inmoral que por ser político con cargo tenga que recibir una palmadita en la espalda reduciéndole la pena o eliminándola por haber prescrito, cuando sí pasan los años sin sentencia en muchas ocasiones es debido a la falta de medios en la judicatura para agilizar los procedimientos o por algún intencionado que arrincona el caso en un cajón.

El término de la legislatura toca a su fin ya sin esperar el plazo adecuado, y si se quiere cubrir el tiempo, los ciudadanos deben pensar mucho su voto en las elecciones de Mayo, de ahí depende la salvación de España como nación generada por la Historia y nuestra salvación por ser gestores de ella.

Ana María Torrijos