Cuando en una casa no se abren las puertas ni las ventanas, el aire se enrarece y llega a asfixiar, no se puede respirar. Es la secuencia del proceso político que padecemos, casi todos los espacios de libertad están siendo controlados, adulterados y eliminados. Ante esta realidad aplastante no se hace nada, un letargo, una falta de agilidad mental y las consecuencias están a punto de hacer inoperantes los artículos constitucionales, artículos que marcan los derechos básicos, no estar sometidos a la voluntad de otro, los límites son la conciencia y la ley redactada, debatida y finalmente votada en los órganos competentes.

Son constantes los decretos y leyes aprobadas por mayoría parlamentaria, conseguido no por coincidir en la letra sino por ser un trueque de intereses que deriva en el deterioro del sistema democrático, y con el amparo de la ley electoral, una ley que no iguala los votos por contar unos más que otros, se beneficia a los que pujan por la destrucción de la Nación española; si el Congreso es la representación de la sociedad en su conjunto, cada diputado está para apoyar a cada ciudadano, haya nacido o viva en cualquier parte del país, no es una cámara autonómica, el representante político no es del territorio por donde ha sido elegido, ha de velar por cualquier derecho vulnerado aquí o allá.

La ley de memoria histórica, ahora democrática, apoyada por Bildu y ERC es negativa para narrar lo acontecido en épocas pasadas al introducir sesgos artificiales incapaces de fundamentar el relato y el rigor objetivo. El presente y más aún el futuro se orienta con las experiencias vividas anteriormente y si bajo los parámetros aprobados por fuerzas políticamente contrarias a la legalidad vigente se explica la historia, se está induciendo a olvidar los actos terroristas que durante la transición a la democracia dejaron muchos muertos, víctimas de la intolerancia y también se impondrá un relato falseado sobre la segunda República pues no fue un periodo de pleno respeto a la ley ni a las personas, como se quiere contar.

Lo que marca la diferencia entre la democracia liberal y otros sistemas políticos es la libertad que revierte sobre los ciudadanos y el equilibrio de poderes a la hora de elaborar y aplicar la ley. La permisividad, el no atender a los debates y posteriores votaciones en el Congreso está debilitando nuestros argumentos para votar a uno o a otro partido según sus propuestas y sus actuaciones, y cuando han ostentado el poder, lo que deciden sin el procedimiento adecuado ha propiciado el uso indebido de las instituciones, acaparar unilateralmente los resortes que controlan el funcionamiento de la gobernabilidad. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el CIS son un ejemplo de los muchos resortes que ya están dirigidos desde el gobierno para marcar una única propuesta y para no poner límites a cualquier prevaricación.

Escuchar las sugerencias o las réplicas de los miembros del gobierno es una tarea innecesaria, las unas en la mayoría de las ocasiones están faltas de argumentos, de datos reales, las otras porque eluden las preguntas y en su lugar critican a la oposición lo que hace las sesiones parlamentarias tediosas, verdaderas burlas a la inteligencia.

Cualquier contrato laboral obliga al empleado a asistir cada día a su puesto de trabajo, requisito que muchos políticos no cumplen, se ausentan de las cámaras representativas cuando les place, sin repercutir en su sueldo, unos privilegiados y nula formación previa, de ahí la demagogia barata, cargada de frases vacías, ajenas a la realidad científica. Prima más el propósito de crear una sociedad según directrices marcadas por ideologías caducas pero adaptadas a un supuesto derrumbe ecológico y a la autodeterminación de género. En esta aportación ya se plantea sacar del calendario el día del padre.

Los países de nuestro entorno ideológico y geográfico muestran firmeza en la satisfacción de existir como nación, de valorar los símbolos que la representan, de educar con esas directrices, por el contrario en España no se iza la bandera en algunos ayuntamientos, la lengua oficial del Estado se descarta en los anuncios públicos y en la escuela, las televisiones gestionadas con el dinero de los contribuyentes lanzan con frecuencia agravios a la Nación y para rubricar la retahíla un golpe de Estado, revindicado por los autores en la menor oportunidad posible.

Las próximas consultas pueden ser los tragaluces necesarios para revertir esta asfixiante situación.

Ana María Torrijos