Una sociedad asentada en valores tiene como primera premisa equilibrar la aportación de cada uno de sus ciudadanos al erario público, los que más poseen contribuir más y los que menos nivel económico tienen aportar menos o verse liberados. La aplicación de esa regla democrática y justa es de obligado proceder y si en alguna ocasión es incumplida, la ley redactada para tal fin, señala y sentencia al que ha ignorado tal principio, una multa o privación de libertad según sea la cuantía defraudada.

Algo tan coherente, engrandece a los países de cultura occidental y de lo que los ciudadanos de bien se sienten orgullosos, aunque para “alguno” sea moneda de cambio. Al resaltar alguno, no se está minimizando el hecho de que la aplicación de la justicia vaya directa contra el infractor, se utiliza ese pronombre indefinido con toda la intencionalidad, el Presidente del Gobierno es el que en dejación de sus obligaciones y del ejemplo que debe dar por el cargo que ostenta, ha considerado válido ese delito, disculpar al que hace mal uso de la hacienda pública por gastar los fondos del Estado en intereses personales o en campañas cuyo único fin es fraudulento y más aún si es para desmantelar al propio Estado.

Al instante viene a la mente la pregunta ¿por qué?, ¿por qué lo ha hecho?, la respuesta muy simple y directa, para conseguir el poder, para mantenerse más tiempo en el puesto que le puede llevar a la tercera república, punto de referencia nada gratificante. Las dos anteriores fueron caóticas: la primera en menos de dos años de duración tuvo cuatro presidentes y la segunda con una galopante conflictividad social, movimientos revolucionarios, el asesinato del diputado José Calvo Sotelo, culminó en una guerra civil. Pocas luces si tiene esa referencia, aunque es posible que su meta sea una república autocrática, sin libertades ni derechos individuales.

En esta incipiente legislatura sus primeros encuentros internacionales han sido polémicos y como rúbrica su generosidad le ha facilitado dar consejos con consecuencias nada favorables, el señor Sánchez catalogado “pro Hamás” y posiblemente a la misma Nación que representa. Situación que requiere una oposición fuerte y continuada, pues si la legislatura se cumple en su totalidad, posiblemente sea fulminada la España constitucional.

Pero todo este relato ha tenido su origen en no haber señalado a tiempo y con firmeza cualquier actuación ilegal y también en no haber obligado a asumir las consecuencias. En su momento, el cierre del Congreso durante la pandemia, considerado inconstitucional por la instancia correspondiente que obligaba al gobierno a acatar la pena correspondiente y también la de los otros muchos atropellos que resultaron de la compra de mascarillas, la abultada cantidad de decretos ley saltándose los procedimientos del poder legislativo y tantas otras medidas emitidas, contrarias a las formas debidas en un sistema basado en la división de poderes, tenían que haberse parado y cargado en el haber de un gobierno que tiene como lema la “honradez”, con el eco de los periódicos y medios audiovisuales subvencionados.

Se está perdiendo la debida responsabilidad de un gobernante, la honradez, sus obligaciones ante el electorado, el cumplimiento de la gestión ajustada a lo establecido por la ley y en su lugar se imponen tropelías, mentiras, abusos intolerables de poder. Irrisorio resultó el juramento del señor Sánchez en su investidura ante el Rey, “prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado” esa imagen basta para hacerle dejar la Moncloa y no rodearse de apesebrados que le redactan por fiel mandato la propuesta de amnistía para que el control que ha conseguido de ciertas instancias del Estado se la den por buena.

La democracia no se da, se alcanza con tesón y en el momento adecuado sin titubeos se la defiende con el código penal en la mano. El Poder judicial, el tercer pilar de la democracia está obligado a posicionarse en el lugar que le corresponde, con total independencia, en defensa de la ley, aplicarla, hacerla cumplir y ante tal bochornosa situación pudiera ser que el señor Sánchez dimitiera y convocase elecciones.

Pero eso sólo no vasta, es imprescindible que los ciudadanos tomen conciencia de la gravedad del momento y muestren su rechazo por todos los medios a su alcance, sin violencia, pero sobre todo sabiendo que su voto, si no es manipulado, es el que puede hacerlo. La democracia no es apoyar sectarismos ni dejarse arrastrar por soflamas cargadas de engaños embaucadores, la democracia es alentar a defender la libertad, los derechos de cada uno, incentivar el esfuerzo, la capacidad personal, la solidaridad y sentirse parte de un todo firme, España.

Ana María Torrijos