“Café para todos“ frase muy recurrida en ciertos ambientes, sobre todo cuando el populismo campea a sus anchas en la política. Un reclamo fácil para conseguir apoyos electorales aunque sea imposible cumplir lo prometido. Ésta es la tónica al uso, el engaño frecuente, el tratar a los ciudadanos como presas dóciles, a las que se les debe alimentar con panfletos fáciles de creer y con potencial para dinamizar los ánimos o incendiarlos.
Políticos aprendices de brujo, carentes de respeto al pueblo soberano y sobre todo hacia los que por su delicada situación personal necesitan buscar refugio en una frase esperanzadora. Esos que hablan del derecho a una vivienda digna y en cuanto pueden, adquieren para ellos una descomunal casa sin recordar a los muchos que embarcaron con su propuesta mitinera, esos son los que hoy forman parte de la filas del Gobierno y nunca mejor dicho, unos entregados al dirigismo y al sometimiento de las masas populares.
Todos somos iguales ante la ley, afirmación que recoge nuestra normativa legislativa, acorde con el más bello postulado que el hombre ha podido formular, pero no se reparte por igual su interpretación. SI se repasa lo ocurrido en nuestra reciente historia democrática, encontraremos un sinfín de casos que contradicen este postulado. Muchos presos cumplen condena por hurtar, por adueñarse de la propiedad ajena, en cambio los señoritos de la política recorren en libertad, las calles iluminadas por el sol o humedecidas por la lluvia. Los Pujol son un bonito ejemplo de “la igualdad de trato“ que todos merecemos y también lo son algún que otro baron socialista que sigue por la noche contando las estrellas a través de los cristales de su casa. Las sentencias de los tribunales son de obligado cumplimiento y el ciudadano debe acatarlas si está conforme con la obediencia debida al marco legal que rige en un Estado Democrático. Ahora bien, cuando los que capitanean el mando de una Institución, sean alcaldes o presidentes autonómicos, no se ajustan a ello y pasan olímpicamente de la decisión de los jueces a sabiendas que el perjudicado es el modelo de convivencia, deben dimitir al instante.
El idioma oficial del Estado, el español, derecho a usarlo y el deber de conocerlo, no está al abasto de todos los ciudadanos, muchos sufren el desgarro que supone no poderlo elegir para sus hijos como lengua vehicular en la escuela. Y así años de atropello cultural, de oprobio y de injusticia, mientras los pseudo políticos siguen blandiendo en sus arengas televisivas, en actos partidistas o en las actuaciones en la sede de la Cámara Baja, la equidad gratuita que derrochan por doquier. Pero Ellos a colegios privados que cumplen con el uso académico de la lengua patrimonio de Todos.
El asalto okupa golpea vandálicamente los derechos elementales, innatos en un sistema que ampara la propiedad privada. Los grupos dedicados a ese “relajante acicate“ , asaltar lo que es de otro, son apoyados por los que deberían ser garantes del cumplimiento de la ley, la alcaldesa de Barcelona señora Ada Colau así lo hace y al mismo tiempo deja desprotegido al ciudadano, despojado de su vivienda, obligándole a seguir un proceso legal, largo y costoso para poderla tener de nuevo en su poder.
La situación económica ha motivado al Ejecutivo a hacer restricciones, a presionar con la posible alza de ciertos impuestos o a congelar el sueldo de los funcionarios, pero esa diligente decisión no tiene nada que ver con las subidas de las retribuciones de cargos electos y menos con las constantes subvenciones dadas a asociaciones amigas. Como tampoco es normal que un miembro de las fuerzas del orden, sea la benemérita o la policía nacional, reciba como reconocimiento a su labor al servicio de la paz social, una retribución inferior a la de los policías autonómicos.
“Café para todos“ ¡claro que si! y si es de una marca de alta calidad, mejor lo degustaremos.
Los ciudadanos requieren de los poderes públicos honestidad, responsabilidad, justicia, que propicien un buen Plan educativo con nivel académico para los estudiantes en escuelas y facultades, niños y jóvenes, de cualquier rincón del país, municipio pequeño o una gran urbe y también una Sanidad que reúna los mejores servicios y la mejor conexión para que ningún enfermo quede sin atención médica, ahí no caben restricciones.
Urge unos servidores públicos sujetos a la transparencia en sus actuaciones, a una ejemplaridad personal y social, a una alta preparación académica y profesional, sujetos a unas normas preestablecidas de temporalidad en su estancia en la Administración, un sometimiento a la ley como cualquier otro ciudadano y sin pagas vitalicias.
Será en ese mismo instante cuando podremos creer que todos somos iguales.
Ana María Torrijos