La legislatura transcurre y el Ejecutivo gobierna, toma decisiones, redacta propuestas y decretos cuando lo considera, un ritmo ajustado a lo previsto, pero hay consecuencias, cualquier decisión tomada repercute y más cuando se es responsable de la gobernabilidad de un país.
Posiblemente éste sea el periodo legislativo más negativo que haya habido en democracia, con un Presidente de Gobierno carente de las cualidades que se requieren: sin formación ni respeto a la legalidad, postor por mantener el poder, enfrentado con la verdad, son los destellos más visibles de su osado mandato.
Él y sus compañeros han propiciado que España haya desaparecido de entre los países con más criterio y valía en el ámbito internacional, no somos dignos de tener un encuentro a alto nivel con el presidente de Estados Unidos, sólo nos sentimos satisfechos con países que han asumido o les han facilitado caer en los postulados comunistas. De ahí viene que el equilibrio imprescindible entre los tres estamentos institucionales, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial esté a punto de desaparecer, si seguimos por el sendero chavista, no podremos considerarnos miembros del mundo occidental por no reflejarse en el funcionamiento del Estado las pautas regidas por las libertades.
Las tensiones entre los que componen el ejecutivo son constantes, tensiones que transmiten la debilidad del partido socialista dirigido por el señor Sánchez frente a los lacayos de la izquierda extremista , los podemitas. Un gobierno con dos caras, la que insiste una y otra vez lo bien que se está llevando la acción política y la que lanza salvas contrarias a lo que rige en el Estado de Derecho.
Los órganos clave para el control de la actuación de quienes ostentan poder van cayendo en manos del Ejecutivo a través de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas o desde el engranaje que pueda permitir la involución democrática. El Congreso de los Diputados y la Cámara autonómica catalana no ejecutan su función, que es representar con exactitud á todos los ciudadanos, pues la ley electoral la desvirtúa al no contar lo mismo un voto emitido en una ciudad que en otra. Si cada sufragio valiera lo mismo, los escenarios de la soberanía nacional serían muy distintos, ni la Cámara catalana estaría controlada por los independentistas, nacionalistas, anti españoles, ni el Congreso de los Diputados facilitaría que fueran moneda de cambio para ocupar la Moncloa. Son lugares donde se trapichea la ley, donde se gesta la destrucción de la Nación española, donde se vota el analfabetismo funcional, donde se limita la propiedad privada, donde se cuestiona todo lo que nos ha permitido un desarrollo económico y una mejora en el ritmo de vida. A cambio nos dan corrupción a granel y una democracia adulterada por abandonar lo que siempre ha hecho del ser humano una persona mejor, la honestidad, el esfuerzo, el creer en la superación personal y apostar por un mañana digno.
Más inversión en la sanidad, en la movilidad terrestre para las regiones que más falta tienen de ello, en educación de calidad, en el mundo rural y no en banalidades de género, de feminismo, de asociaciones fantasma que sólo son cobijo de amiguetes, de familiares. Muchos de nuestros impuestos van a mantener a los vividores y sobre todo a esperpénticas acciones como la que se representó en la Cámara baja con la “aprobación” de la reforma laboral.
Todo este laberinto debe ser desenredado por quienes crean en una sociedad libre, en los derechos individuales y en la legalidad, simplificando la Oposición.
Ana María Torrijos