La muerte es irreversible y el que la concibamos como un fin o como un tránsito depende del sentir de cada persona. En lo que todos coincidimos es que es muy doloroso la llegada de ese momento y aún más cuando ha sido provocado por otro ser humano. La sociedad en primer lugar en su instinto de supervivencia y luego en consideración a los valores que deben prevalecer, ha puesto medidas para aislar y reprender a los que son incapaces de respetarlos y en especial a los dispuestos a poner un precio a la vida de los demás.

A lo largo del desarrollo del sistema democrático, muchas han sido las víctimas de la intolerancia, del odio. Hombres, mujeres, niños, policías, políticos, todos tenían algo en común, no encajaban en el modelo de país que enarbolaban con ferocidad unas mentes cerradas a cualquier planteamiento que no fuera su raquítico modelo de convivencia. El dolor fue inmenso y las imágenes de sangre y de terror que nos ofrecían cada día, escalofriantes. Familias destrozadas, ausentes sus seres queridos a causa de la barbarie, pero nadie buscó la venganza, confiaron en la justicia, en la solidaridad que muchos les mostraron e intentaron superar esa tragedia. El Estado de Derecho, las Fuerzas del Orden y la entrega emocional del pueblo en general lograron ahogar a la banda asesina.

Con la ley en la mano y los cuerpos de seguridad se salió de aquel túnel de desolación aunque el tributo que se pagó fue muy alto, difuntos, cuerpos mutilados, un éxodo importante de ciudadanos, extorsiones económicas. Faltaba la presencia del señor Zapatero y del señor Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno para experimentar lo insospechado, tutear a los que protagonizaron aquella barbarie y a los que avalaron aquel escenario de muerte. El primero pactando con los que durante muchos años utilizaron el tiro en la nuca y la bomba lapa, y el segundo eligiéndolos como apoyo en la gobernabilidad y cediéndoles parcelas en las instituciones.

Las horas que pasaron desde que se notificó el secuestro de Miguel Ángel Blanco hasta su muerte fueron tan intensas para todos y en especial para su familia que no pueden revivirse cada vez que ocupan los representantes de aquellos sanguinarios un escaño en el Congreso de los Diputados. No ha habido una muestra de arrepentimiento, una petición de perdón, todo lo contrario se intenta blanquear aquellos hechos con manifestaciones de recibimiento cuando algunos dejan la cárcel.

El olvido no es el camino de la normalidad democrática, lo sucedido ha de estar como referencia de lo que no puede ser una sociedad sana, una sociedad que defiende la vida por encima de cualquier predicamento. Se está soslayando las reglas que enmarcan la Carta Magna y sin debate parlamentario, sólo prima intereses espurios muy alejados de lo que es el bien común y las libertades.

La independencia del poder judicial, que debe ser la garantía de la correcta actuación institucional, peligra, está siendo controlada por el Ejecutivo para ocultar corruptelas, conceder indultos indiscriminados, legislar saltándose las normas establecidas, pasar un velo por encima de los fraudes cometidos, sean económicos o inherentes al cargo político que se ocupa. No se pueden ignorar las continuas prevaricaciones, resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos, los abusos de autoridad que llegan a cometerse, pues si fuera así estaríamos dando el visto bueno a no proteger el correcto funcionamiento de la administración pública y con ello el principio de legalidad.
Entre todos estos fraudes y delitos está el permitir que el terrorismo perpetrado y sus artífices sean exonerados.

Ana María Torrijos