Es la pregunta que se debieron hacer muchas personas cuando escucharon a la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmar con vehemencia en relación a los menores de edad “tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana”. Si ella representa el tan cacareado feminismo no comprendo que haya llegado a ser miembro del gobierno en esta legislatura.
El bajo nivel de formación, de seriedad en general en detrimento de la responsabilidad que conlleva un cargo de esta envergadura, responde a otros muchos casos semejantes que se han tenido que sufrir aunque ahora se ha ido más allá, se ha saltado la rectitud en valores que cualquier cargo público debe asumir.
Este posicionamiento tan osado, ajeno a lo que indica el Código penal y el Tratado internacional de las Naciones Unidas, no estaba reseñado en el programa electoral antes de emitir el ciudadano el voto, pues si hubiera sido así, quiero creer, que ni la pedrea estaría en su haber y menos dirigir un ministerio. Son muchas las excentricidades anunciadas y llevadas a término por ciertos miembros del gobierno, ordenes a ejecutar contrarias a los intereses de España como nación y de los ciudadanos.
De todo ello destaca con gran virulencia lo referente a los niños y adolescentes,. Cabría preguntarnos ¿con qué intención estas afirmaciones?, una única respuesta: privarles de la madurez necesaria, fáciles de someter. Paso a paso recapitulemos…….la que dirigía el proyecto educativo en su momento, la señora Isabel Celáa manifestó “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”, constancia de lo muy arraigado que tienen el eliminar la propiedad privada pero no la de ellos, aunque en esta ocasión el término está muy mal empleado, son hijos no objetos. El relato del expolio continúa con la depreciación de los contenidos en los planes de estudio, se eliminaron o disminuyeron la presencia de las humanidades, materias de alto nivel formativo que aportan el hábito de pensar por uno mismo y descubrir valores imprescindibles para el desarrollo en sociedad, la disciplina, la superación personal. En esa línea de negaciones está el impedir que haya libertad de poder estudiar todas las asignaturas en español en las comunidades autónomas con lengua cooficial y si no es así ya se fabricará, todo en aras del caciquismo más lamentable, y tampoco falta un toque municipal, la puesta a punto de un taller de travestismo. Pronto tendremos dispuesta la ley que fijará legalmente lo expuesto en arengas por la izquierda podemita de que el sexo, hombre o mujer, no viene dado desde el nacimiento sino que se puede elegir y a temprana edad.
La Constitución de 1978, abrió las puertas a una etapa brillante por la defensa de los derechos individuales, el respeto de la ley y la libertad. Un futuro prometedor en el que se esperaba una convivencia natural con la que conseguir desarrollo en todos los ordenes, el económico, el cultural y el de recuperar nuestra estimación por formar parte de un país de primer orden en la historia, una de la primeras naciones en definirse. La realidad nos muestra que muchos de esos privilegios y derechos se han eliminado. Nefastos en este sentido los gobiernos de Zapatero y ahora el de Sánchez, que jornada tras jornada comprobamos que su mala gestión nos coloca en primera línea del desastre.
La apisonadora gubernamental deja tras de sí montones de restos de muchas leyes anteriores con la finalidad de legalizar las que son dirigidas a destruir nuestro modelo de vida. Por mencionar algunos vetos: prohibida la caza, prohibido transitar con ciertos vehículos, talar árboles, control de ia iluminación de los escaparates, no al aprovechamiento de las fuentes de energía a nuestra disposición en nuestro suelo o aguas territoriales. Con la ley de protección animal del Departamento ministerial de la señora Belarra se coloca casi al mismo nivel a los animales que a las personas, mejor dicho, protegen el embrión animal más que el feto humano.
Si se desea que el Bien Común prime ante cualquier interés partidista es indispensable que la transparencia, el rendir cuentas y facilitar la participación ciudadana estén presentes, procedimientos muy alejados de lo que lleva a término el actual Ejecutivo. Urge dar carpetazo a estas maneras de gobernar, urge buscar otra alternativa que respete los principios básicos de ser persona, de ser humano, una política para la convivencia pacífica. Todos tenemos responsabilidad social y los que se presentan para la acción pública están obligados a facilitar a la ciudadanía el vivir en condiciones de libertad, de dignidad, y en gran medida salvaguardar la inocencia de nuestros menores.
Ana María Torrijos.